España aprueba una ley que prohíbe desnudar a los menores para evaluar su edad

Una nueva ley aprobada por el Parlamento español prohíbe desnudar a los inmigrantes menores de 18 años para determinar su edad, un método que, según la ONU, atenta contra la dignidad de los inmigrantes. La ley entrará en vigor en junio.

A partir de ahora, nadie podrá obligar a un niño o adolescente migrante en España a desnudarse y examinarse los genitales para determinar su edad. Una ley que así lo establece ha sido aprobada por el Parlamento español y entrará en vigor en junio, después de que el país recibiera varias advertencias de organizaciones internacionales -entre ellas la ONU- que atestiguan el carácter abusivo de estos procedimientos.

«Desde hace más de 12 años, a los niños y niñas extranjeros que llegan a este país sin sus familias se les hace desnudar y –a juzgar por su vello público, sus pechos o sus genitales, junto a otras pruebas– se les evalúa la edad», dijo la semana pasada la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

«Siempre he pensado que estos métodos constituyen una violación de los derechos de los niños», añadió, «pero a partir de ahora serán ilegales».

‘Sentí que revivía cosas que quería olvidar’

Entre las personas sometidas a estos procedimientos se encuentra Arcange (nombre ficticio), una niña originaria de Camerún y víctima de abusos sexuales que, a su llegada al aeropuerto de Madrid en agosto de 2017, dijo tener 16 años.

Meses después, fue obligada a desnudarse por completo y a que le examinaran los genitales por orden de la fiscalía. Ese examen generó dudas sobre si realmente era menor de 18 años, lo que provocó que se le retirara la protección concedida a los migrantes menores de 18 años, según la ONG Fundación Raíces, que llamó la atención de la opinión pública sobre su caso.

España le concedió el estatus de refugiada en 2019, pero la cuestión sobre la determinación de su verdadera edad quedó sin resolver durante mucho tiempo.

Una resolución del Comité de los Derechos del Niño de la ONU estableció este año que el Estado español había violado los derechos de la joven y ordenó que fuera indemnizada y que se corrigiera su edad en sus documentos de identidad.

Además, el comité pidió a España que prohíba las evaluaciones de edad como la que había sufrido Arcange, ya que atentan contra la dignidad, la intimidad y la integridad física de los implicados.

«Aunque sólo fueran unos minutos, me sentí mal, como si me hubieran violado y como si estuviera reviviendo las cosas que quería olvidar», dijo después.

Ahora la joven se alegra de que «estos exámenes no se hagan más» y de que «otras personas no tengan que sufrir lo mismo».

Respuesta a las «exigencias» de la ONU

La Fundación Raíces ha declarado que aprueba la decisión del Parlamento español de prohibir estos métodos. Su presidenta, Lourdes Reyzábal, dijo que la ley «responde a las demandas expresadas por la ONU», aunque hay aspectos sobre la acogida de menores que no se han contemplado y sobre los que hay que «seguir trabajando».

Entre ellos, la ONG destacó el «procedimiento para retirar la custodia de los niños a sus padres» y el hecho de que seguirá habiendo procedimientos para determinar la edad de los inmigrantes incluso en los casos en los que «su apariencia de niños es clara» o su edad «está acreditada con documentos».

La prohibición de estos procedimientos se incluyó en una ley más amplia sobre los derechos de los niños y la violencia contra ellos, que ha sido acogida en España como importante para su protección.

Entre las novedades se encuentra el alargamiento del plazo de prescripción en caso de maltrato. Los calcolati comenzarán sólo a partir de los 35 años de la víctima y ya no a partir de los 18.

La ley se ha aprobado en los mismos días en los que España ha tenido que hacer frente a una emergencia migratoria con la llegada al enclave de Ceuta de más de 8.000 personas -entre ellas, al menos 800 menores- procedentes de Marruecos en tan sólo unos días.

«El Estado tiene la obligación de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes», dijo la Fundación Raíces en un comunicado.