MADRID – El Tribunal Superior de Justicia de España puso el jueves a la compañía energética Repsol y a Caixabank bajo investigación formal en la última etapa de una investigación de una década sobre presunto espionaje industrial.
El auto judicial, dado a conocer a los medios de comunicación, pide que se investigue si las dos empresas contrataron al exjefe de la policía José Manuel Villarejo para espiar al entonces presidente de la constructora Sacyr, Luis del Rivero, en 2011 y 2012.
El juez Manuel García Castellón considera que hay indicios de que Caixabank y Repsol interceptaron las llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y personas cercanas a él, según ha informado el juzgado en un comunicado enviado por correo electrónico a los medios este jueves.
Altos cargos de ambas empresas ya han sido investigados por sospechas de posibles sobornos en el mismo caso.
Repsol dijo que había pagado 185.000 euros (219.336 dólares) a la empresa de Villarejo, Cenyt, pero que su consejo no había encontrado pruebas de conducta ilícita por parte de ningún director, gerente o empleado anterior o actual.
Repsol, que se comprometió a colaborar plenamente con los tribunales, dijo que demostraría que no había infringido ninguna ley y que no podía saber que alguien de Cenyt seguía siendo funcionario público en el momento en cuestión.
En un comunicado muy contundente, Repsol dijo que se reservaba el derecho de tomar medidas legales contra cualquier agente del sector público que no haya supervisado adecuadamente a Cenyt, así como contra los particulares que hayan utilizado el proceso penal para su propio beneficio.
«Ser investigado en la investigación judicial no tiene consecuencia alguna sobre la empresa, su gobierno o su actividad», dijo Repsol.
Un portavoz de Caixabank dijo que el proceso judicial estaba en marcha. «Como siempre, colaboraremos plenamente con los tribunales», dijo el portavoz.
La decisión judicial del jueves se produce tras la petición de la fiscalía anticorrupción del miércoles.
Repsol se quejó de que el tribunal adoptó la orden sin hablar con su director de cumplimiento, a pesar de las reiteradas peticiones de la empresa en ese sentido.
García Castellón investigará si la contratación de Villarejo tenía como objetivo desbaratar un pacto entre Sacyr y la petrolera estatal mexicana Pemex, que pretendía hacerse con Repsol en ese momento, según el comunicado del jueves.
Repsol era entonces parcialmente propiedad de Caixabank.
Sacyr declinó hacer comentarios, mientras que Pemex no respondió a una solicitud de comentarios.
Según el sistema judicial español, no se pueden presentar cargos formales hasta que la primera fase de la investigación haya terminado. Estar bajo investigación no significa necesariamente que haya una acusación formal.
