Comunidad de Madrid Desaprueba Acciones del Juzgado Contencioso Administrativo
Juez prohíbe fumar en las calles de Madrid y le piden revocar la medida, de las acciones del Juzgado Contencioso Administrativo que no exagere.
El Gobierno Regional ampara el “discernimiento” de la disposición derogada, por tanto incorpora una sugerencia de aminorar las reuniones sociales fuera del lugar de sociabilidad habitual, seguro donde no tendrían “Restricción del Derecho Fundamental”
Ha exigido la Comunidad de Madrid, la anulación del documento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Madrid, indicando que se inhabilita la clausura del entretenimiento nocturno y la prohibición de fumar en espacios públicos sin la distancia indicada por los protocolos de seguridad, al estimar que el Magistrado exagero en su resolución. “Avisos de Prohibido Fumar en Terrazas de Madrid”
La Abogacía de la Comunidad en Madrid, así lo indico en el expediente ya insertado frente al rehusó de la validación de estas normas establecidas para citar que el Magistrado se exceda en su sentencia en el solo acto de legalizar o no las actuales medidas con un dictamen opuesto.
Con este expediente la Comunidad de Madrid censura que el Juzgado considera manifestar que la disposición no perturba ni restringe los derechos fundamentales donde incumbiría ejecutar un mandato, un acta sin más atenciones.
Los servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid expresan “No hay indecisión que la misión del órgano Judicial se ajusta a fortalecer exclusivamente las medidas que alcancen limitar la autonomía y derecho fundamental”
Indicando, que se perciben objeciones al anunciarse, estas limitaciones preventivas ante el virus del COVID19, que no se ajustan a la particularidad de los derechos o libertades esenciales pero inmediatamente ejecutan una serie de atenciones, expresando que método es el más adecuado, dentro del marco normativo existente al reconocimiento de un período de prevención.
La Comunidad de Abogacía de Madrid Censura al Juzgado
Al mismo tiempo deslustra al Juez Alfonzo Villagómez Cebrián que no haya contemplado la solicitud de enmienda porque está “una valiosa discrepancia” entre no revalidar la Orden 1008/2020 por reflexionar que se fundamento en una práctica inútil y concebir que puede dictarse en el punto de un estado de alarma, a deducir que la no validación, cumple con que no hay una presunción de los derechos fundamentales.
Indicando que, ante tantos elementos incompatibles, desde una representación de Seguridad Jurídica, asumiendo que muchas de las medidas protegidas concluyen ser fundamentalmente refutadas y estando facultados de la noticia mediática de la disposición, era principalmente la información, que censura a la Abogacía de la Comunidad de Madrid.
El Juez declino la petición de enmiendas a la perspicacia de su documento al defenderse que su acta desglosa una sinceridad narrativa y concluyente para todos. Al mismo tiempo incluyo las querellas a la Comunidad de Madrid acentuando que él no Cogobierna el Consejo de Gobierno.
En antagonismo, el arbitrio del Gobierno Regional reprocha al Juez que en su expediente, en vez de estudiar la jactancia de los imprescindibles derechos determinados que alcanzaran asumir las medidas evaluadas para la actual normalidad, en su consejo jurídico sobre las nuevas medidas determinadas.
Indicando una, estimación genérica de la restricción de los Derechos Fundamentales, reconociendo que la única herramienta que consiente una prohibición extendida es la declaración de un estado de alarma.
Expresando que, de ahí los miramientos del expediente, mencionando la necesidad de un estado de alarma para la cesantía de los Derechos Fundamentales, no conservan correspondencia ni las medidas protegidas en la orden 1008/2020, ni con el proyecto realizado por esta Administración en la petición antes menciona, profundiza la Comunidad.
La Derogación de la Disposición
Mas sin embargo, la Comunidad de Madrid resguarda la cordura de la disposición revocada, por tanto que afianza la indicación de disminuir las concurrencias sociales fuera de lugar del grupo de convivencia constante, donde no acaecería la restricción del Derecho Fundamental.
Igualmente concibe que la exploración de consumidores del entretenimiento nocturno desencadenan un decaimiento moderado y que la restricción de visitas en domicilios habituales se evidencia al ser los principales conjuntos de inseguridad ante los rebrotes del COVID19.
Indicando que, el Ejecutivo autonómico contesta, que el refutar la legalización bajo la condiciones de no efectuarse la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el conocimiento es genéricamente del Ministerio de sanidad sobre estas medidas “no apropiadas” ya que es una sentencia en que las consecuencias residen en la dirección de gobierno y no en los habitantes.
Expresando que, la manifestación de las acciones regularizadas fue decretada por unanimidad en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el institución encargada de custodiar la consistencia de las acciones de los Servicios de Salud en los diversos espacios.
En ese marco, la disposición del Ministerio es conforme con esa práctica aprobada en el seno del Consejo Interterritorial “Exige” a las autonomías pero no a los habitantes, no estando obligatorio su divulgación en el Boletín Oficial del Estado.
Igualmente la declaración de los desempeños sistematizados con el Ministerio, no adquieren una consecuencia inmediata sobre la población sino sobre las administraciones gubernamentales, procediendo a modo de marco general a fin de alcanzar una representación de ejecutar y univocarse ante el escenario sanitario por el COVID19.
Indicando que, “inconmensurable descenso, tal y como lo objeta el Ejecutivo Autonómico, conquista certificar que la divulgación, está a disposición que es un requerimiento para su vigor”.
El PP es Consciente de la exigencia Judicial
En el entorno en el que nos hallamos, proponemos que la administración pública puede limitar o convenir derechos bajo discernimientos de proporción, competencia y carencia, sin daños y sin perjuicios con su posterior inspección Judicial, explica Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP y Consejero de Justicia de Madrid.
“No es un inconveniente o complicación de que las colectividades determinen que hacer o no. Es un problema de Ley, que forme probabilidades en sus resultados tanto para la Administración como para el Ciudadano”, exterioriza el responsable de Justicia del PP.
Podemos presiona al Gobierno a proponer una Reforma Jurídica urgente.
