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El Gobierno español estudia el indulto a los separatistas catalanes encarcelados

El Gobierno español está estudiando la posibilidad de indultar a 12 políticos separatistas catalanes condenados en 2017 por su papel en la celebración de un referéndum de independencia ilegal en la región, según ha confirmado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En su intervención en el Parlamento español el miércoles (26 de mayo), Sánchez dijo que el Ejecutivo decidirá si indulta a los políticos separatistas «en beneficio de la convivencia entre los españoles» y «con independencia del número de escaños» que apoyen a su Gobierno en Madrid.

«Hay un tiempo para el castigo y [un tiempo] para la concordia», dijo Sánchez, instando al principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), a respaldarle.

Los comentarios de Sánchez se producen cuando el Tribunal Supremo de España se mostró reticente a indultar a los líderes independentistas condenados en octubre de 2019 por sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Sin embargo, la decisión del tribunal no es vinculante para el gobierno.

La situación política en la región nororiental de Cataluña influye en gran medida en la estabilidad política del resto de España, dado que el gobierno nacional en minoría del socialista PSOE y el izquierdista Unidos Podemos cuenta con el apoyo de los separatistas de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), ahora al frente del gobierno regional catalán.

Concordia, no venganza

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, ha advertido al Gobierno de que su partido impugnará cualquier indulto ante el Tribunal Supremo. En ese caso, la legislatura «llegaría a su fin», ha añadido.

«¿Va a conceder el indulto a los condenados por sedición, sí o no? […] ¿Prefiere poner en riesgo la continuidad de [el marco legal constitucional en] España para seguir en el poder?» le preguntó Casado al presidente del Gobierno.

En respuesta, Sánchez dijo que buscaba la «concordia» y no la «venganza».

Tras cinco meses de duras negociaciones, los partidos independentistas de Cataluña anunciaron el 17 de mayo la formación de un nuevo gobierno de coalición. El acuerdo fue sellado por ERC y Juntos por Cataluña (JxCat), con el apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) independentista.

El primer día de mandato del nuevo presidente autonómico de Cataluña, Pere Aragonès, de ERC, y de sus 14 consejeros autonómicos, comenzó oficialmente el miércoles.

Presos políticos

Aragonès y los tres partidos que forman la coalición regional habían expresado previamente su voluntad de «avanzar hacia el objetivo común de la independencia en forma de República Catalana».

Sin embargo, el gobierno español expresó su preocupación por el nuevo gobierno catalán, pero subrayó su compromiso de negociar con ellos.

Los nuevos dirigentes de Cataluña consideraron que la iniciativa lanzada por Sánchez era un paso en la buena dirección, pero exigieron decisiones firmes para aliviar el «sufrimiento» de los «presos políticos», como los calificaron.

Las «líneas rojas» innegociables fijadas por el ejecutivo catalán incluyen el derecho de autodeterminación de Cataluña y la amnistía para los 12 políticos separatistas catalanes.

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