España aprueba un «hito» en el proyecto de ley de energía limpia para el clima
España aspira a ser neutral desde el punto de vista climático a más tardar en 2050, pero Greenpeace afirma que la ley no va lo suficientemente lejos.
El Parlamento español ha aprobado un proyecto de ley de energías limpias destinado a lograr la neutralidad en materia de emisiones de carbono para 2050, en línea con los objetivos de la Unión Europea, al tiempo que prohíbe la venta de vehículos con combustibles fósiles para 2040.
Como parte de los esfuerzos de España por cumplir su objetivo de emisiones de carbono, la legislación prohíbe la venta de vehículos que emitan dióxido de carbono para 2040, y su circulación para 2050.
«Por el planeta, por nuestro futuro y por las próximas generaciones. A partir de hoy, España tiene una ley del clima sobre la que construir un futuro verde, sostenible, justo y próspero para todos», tuiteó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la votación del jueves.
El objetivo general es aplicar medidas que permitan a España cumplir el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.
Los legisladores del partido populista de derechas Vox votaron en contra de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, mientras que los representantes de la oposición conservadora se abstuvieron.
El proyecto de ley también establece un objetivo nacional para 2030 de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto a los niveles de 1990.
La UE había fijado como objetivo para 2030 una reducción de las emisiones del 40% respecto a 1990, pero en noviembre los Estados miembros acordaron aumentarla al 55%.
La ley también limita todos los nuevos proyectos de extracción de carbón, petróleo y gas y exige que para 2030 las energías renovables representen el 42% del consumo total de energía en España y al menos el 74% de la producción de electricidad.
Y estipula que, en un plazo de dos años, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener zonas de bajas emisiones, como las de Madrid y Barcelona.
La prohibición de que la mayoría de los coches de gasolina y diésel circulen por el centro de la capital española, apodada «Madrid central», fue anulada recientemente por los tribunales.
En un tuit, la ministra española de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, la calificó de «ley esencial sobre la que debemos seguir construyendo».Sin embargo, en una entrevista con El País publicada el jueves, admitió que España estaba atrasada con la ley, diciendo que «debería haberse puesto en marcha hace 10 años».
En alusión a la resistencia de la oposición, subrayó: «Lo más peligroso es no querer ver la realidad, ignorarla y simplemente mirar para otro lado».
Greenpeace dijo que la ley no iba lo suficientemente lejos y que sus objetivos eran «inadecuados para cumplir con el acuerdo climático (de 2015) de París», según el cual las naciones se comprometieron a mantener la temperatura del planeta dentro de los 1,5 grados centígrados de los niveles preindustriales.
«El texto es un punto de partida que deberá ser reforzado para afrontar con éxito el cambio climático en un país europeo que es uno de los más vulnerables a sus duras consecuencias», ha señalado.
«Sólo incrementando sus objetivos de reducción de emisiones podrá España combatir con decisión la emergencia climática», ha afirmado.
